Las líneas rojas

El ‘proceso’ no ha afectado hasta ahora a la economía, pero puede entrar en una  fase mucho más imprevisible

Esta semana en la que se ha juzgado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas por la consulta del 9N, una analista de Moody’s, agencia que califica el grado de solvencia de los países, ha explicado que al gobierno central “no le interesa que Catalunya tenga un default [suspensión de pagos], porque un impago de Catalunya se podría interpretar en los mercados como un default de España”.
La afirmación corrobora que las finanzas públicas de las comunidades autónomas están estrechamente vinculadas a las del estado. Por eso se creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Por eso, cuando algún gran banco ha rechazado renegociar un crédito de la Generalitat, las dos administraciones han colaborado en apagar el fuego. En su último libro, “España amenazada”, Luis de Guindos llega a afirmar que Artur Mas amagó en su día con utilizar el arma del impago. Andreu Mas Colell, el consejero de Economía, siempre lo ha negado. Hay líneas rojas que nadie ha querido cruzar.
Pero una cosa son las finanzas públicas y otra la actividad privada. En la misma entrevista, la analista de Moody’s añadía: “Hasta ahora no hemos vivido un momento de alta tensión y en un momento así no sabemos qué puede pasar”. ¿Qué se entiende por alta tensión y qué es lo que puede pasar?
Hasta ahora, el proyecto independentista ha tenido una influencia aparentemente menor en la economía. Bien porque la independencia se ha considerado una hipótesis poco creíble. Bien porque el contexto (expansión del PIB catalán por encima de la media española, inversiones como Amazon) le ha sonreído.
La etapa que se abre ahora puede ser muy diferente. Aquí el relato depende de cómo lo ven las partes interesadas. Para el Gobierno central, el independentismo vive su fase agónica y su iniciativa quedará asfixiada tanto por la acción del Estado y de los tribunales como por su verdadera naturaleza: la “revolución de las sonrisas” no permite augurar el paso a un conflicto de mayor envergadura. En suma, todo acabará en unas nuevas elecciones al Parlament. Para el independentismo, la concentración popular del lunes pasado (los 40.000) es el anticipo de lo que vendrá. Es decir. A cada paso en el arsenal de medidas que pueda desplegar el Estado -inhabilitación de la presidenta del Parlament, suspensión de la autonomía…- le sucederán respuestas más masivas y de una mayor intensidad.
En ese segundo caso, se hace muy difícil no imaginar que los efectos del proceso sobre la economía serían mucho más serios. Como reconocía la analista de Moody’s, “no sabemos qué puede pasar”. Pero lo que sí se puede aventurar es que esos acontecimientos no sólo afectarían a la economía catalana. También los notaría la economía española en su conjunto, así como la percepción que de ella se tiene en el exterior. Para entonces, el conflicto habría entrado en una dinámica absolutamente imprevisible.

 

(Publicado en La Vanguardia el 11 de febrero del 2017)

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