El alien

La Airef, cuando tener independencia de criterio puede resultar contraproducente

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) es un organismo de nombre extenso, tanto como el respeto que inspira en Europa. Funciona como una auditora de las administraciones. De sus presupuestos y de que éstos se ajusten a los objetivos de déficit que se imponen.

Desde su nacimiento, en 2013, la Airef ha sido un organismo incómodo. Su política de recabar de forma directa los datos con los que trabaja le crea problemas. No con las comunidades autónomas. Ni con los ayuntamientos. Pero sí con la administración de Hacienda. Para Hacienda, a la Airef le basta con la información que suministra de forma general. Tanto es así que le ha cerrado el paso a profundizarla con una orden ministerial en el BOE. Ahora la Airef recurrirá la decisión a los tribunales.

La Airef es un cuerpo extraño. Depende financiera y orgánicamente de la administración a la que debe auditar. También por eso, para recurrir una decisión que le perjudica, debe ir a la Audiencia y pagárselo. Podría ir al abogado del estado. Pero no lo hace porque crearía un conflicto de competencias. Su naturaleza explica también que la gente de la Airef, con José Luis Escrivá al frente, sean percibidos en el entorno del gobierno como unos señoritos que van a su bola. O que reciban respuestas tan displicentes como la del ministro Cristóbal Montoro, el jueves, al conocer el recurso: “que no creen problemas donde no los hay”.

Pero no se equivoquen. Si la Airef parece el “alien” de la nave especial gubernamental es porque su independencia molesta a un Ejecutivo muy celoso de la contabilidad. De cómo la elabora y de cómo la utiliza. En octubre, el Gobierno, excitado por la cercanía de las elecciones del 20-D, decidió enviar los presupuestos a Bruselas un mes antes que el resto de países para que la Comisión le pusiera un notable alto. Cuando la Comisión, desconcertada, les respondió con un aprobado justo porque no lo veía claro, el Gobierno entró en cólera. Mariano Rajoy dijo aquello de que “al pueblo español no se le pueden dar muchas lecciones” en control del déficit.

Se conoce a los altos funcionarios de justicia del Estado como la Brigada Aranzadi. La alta clase contable tampoco se queda corta aunque no haya tenido todavía el honor de que la bauticen. Hasta la llegada del PP, los déficit de las comunidades autónomas se calculaban en función del gasto previsto. El criterio cambió. Y cuando en 2014 Bruselas dio un margen adicional del 1% del PIB al déficit español, la administración central se lo “comió” entero. El esfuerzo se desplazó hacia las comunidades y obligó a intensificar los recortes. La contabilidad justificó la progresiva recentralización de las decisiones. Hacienda quiere ahora que la Generalitat aplique un nuevo ajuste de 1.300 millones de euros. En realidad es un apunte contable procedente del 2011. Pero a veces basta con cuatro números para dejar noqueado al contrario.

(Publicado el 14 de noviembre del 2015 en La Vanguardia)

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